medidas
escandalosas que beneficiaban extraordinaria-
mente a la
escuela privada en detrimento de la escuela
pública. Por
eso, finalmente, esa memoria económica
quedó abortada y
no vio la luz, por el escándalo social
que había
comenzado a producir.
En esta
situación, la ministra tuvo una ocurrencia
feliz: decidió
quitarse el muerto de encima, olvidarse
del engorroso
problema de poner precio a su reforma
educativa y
endosar la cuestión al Consejo de Política
Económica,
Fiscal y Financiera. En la comparecencia
de pasado 24 de
febrero en el Senado, la ministra de
Educación dijo
literalmente: Esta ley, la LOCE, tendrá
la financiación
que necesite según lo que determine el
Consejo de
Política Fiscal y Financiera. Dijo más ade-
lante, y cito
también literalmente: Es lógico que sea en
el ámbito del
Consejo de Política Fiscal y Financiera,
donde el
representante de la Administración del Estado
es el ministro
de Hacienda y los representantes de las
comunidades
autónomas son los consejeros de Hacien-
da y
eventualmente el consejero que decida la comuni-
dad
correspondiente de manera adicional.
¿Qué se deduce
de esa cita? Varias cosas. Primero,
como digo, que
es efectivamente la ministra quien
endosa
literalmente todo el problema de la financiación
al Consejo de
Política Fiscal y Financiera; pero segun-
do, ella, como
ministra de Educación, se inhibe absolu-
tamente de
decidir cómo debe ser la previsión de ese
gasto educativo.
Señorías, no parece razonable, no es
en absoluto
razonable, que sean el ministro de Hacien-
da y los
consejeros de Hacienda quienes pongan precio
a una reforma
educativa. La ministra de Educación
tiene la
obligación de presentar una memoria que sea
una previsión
del gasto, porque ¿cómo va a saber el
ministro de
Hacienda a cuántos catedráticos afecta la
medida, o cuánto
va a afectar la gratuidad de la ense-
ñanza infantil,
o en qué medida y de qué forma van a
afectar algunas
medidas, que tienen su coste, a las
comunidades
autónomas, como puede ser la amplia-
ción del horario
escolar? Son ejemplos sueltos, pero
serían
infinitos, porque, como saben, esta ley contiene
infinidad de
medidas. No es por tanto razonable que no
exista una
previsión del gasto de esta ley educativa, que
no exista una
memoria económica, porque cualquier
otra decisión
tiene que basarse precisamente en este
principio, y
aquí la ministra de educación no puede, no
debe
inhibirse.
Pero es que,
señorías, además la situación es doble-
mente
surrealista, es más surrealista aún a la luz de lo
que está
ocurriendo con la Ley de cohesión y calidad
del Sistema
Nacional de Salud, que, como todos sabe-
mos, se tramitó
casi en paralelo con la Ley de Calidad
de la Educación,
un poco más tarde, pero que sí ha pre-
sentado su
correspondiente memoria económica. Y la
pregunta del
millón, señorías: ¿es que lo que es válido
para la sanidad
no es válido para la educación? ¿Lo que
es preceptivo en
una ley sanitaria no es preceptivo en
una ley
educativa? ¿Cómo es posible esto, señorías?
Los ejemplos en
la tramitación y en la financiación
de esta ley
son, como digo, surrealistas, no solamente
por esta
situación, hay más ejemplos. Les doy otro.
Cuando se
estaba tramitando la LOCE en esta Cámara
se presentaron
una serie de enmiendas por parte de los
distintos
grupos políticos. El Grupo Popular rechazó
que esta Cámara
analizara o tuviera en cuenta esas
enmiendas
precisamente utilizando el Reglamento de
la Cámara, que
establece que cuando existen medidas
de índole
económica deben ser paralizadas hasta que
el Gobierno dé
su veredicto sobre las mismas, puesto
que tienen un
alcance económico. Por tanto, señorías,
es una
situación increíble. O sea, si aquí no se admiten
enmiendas a los
grupos políticos porque se presentan
sin evaluar su
financiación, cómo es posible que se
haya tramitado
y se haya aprobado toda una ley que
todavía nadie
sabe en este país cuánto va a costar. Las
comunidades
autónomas, que deben aplicarlas, son las
primeras que
desconocen una medida de un alcance
tan amplio. Por
eso, señorías, la situación es verdade-
ramente
kafkiana, porque, insisto, ahora son las comu-
nidades
autónomas —no estamos en el momento en
que se aprobó
la LOGSE— quienes tienen que gestio-
nar esas
medidas y no sabemos cuánto dinero van a
recibir, si es
que van a recibir algo, por parte del
Gobierno
central.
Señorías, la
situación es especialmente grave, por-
que la ministra
de Educación remitía al Consejo de
Política
Económica, Fiscal y Financiera, y el Consejo
de Política
Económica, Fiscal y Financiera se reunió el
jueves pasado,
día 6 de marzo, y no existía ningún
punto en el
orden día donde esta cuestión figurase. Es
decir, la
ministra ha decidido, como he citado antes lite-
ralmente, que
era el Consejo de Política Fiscal y Finan-
ciera quien
debía determinar la evaluación del coste de
la Ley de
calidad y, sin embargo, cuando se reúne el
Consejo de
Política Fiscal y Financiera se decide que
no figure. Y lo
que es más grave, como no figura en el
orden del día,
las seis comunidades gobernadas por
socialista
—Andalucía, Extremadura, Castilla-La Man-
cha, Baleares,
Aragón y Asturias— deciden en ese
momento que la
situación es increíble, que figure en el
orden del día y
deciden también algo muy importante,
señoría, algo
que es verdaderamente grave, hacer un
escrito muy
duro en el que se pide una revisión del
actual modelo
de financiación autonómica por incum-
plimiento del
principio de lealtad institucional, ya que
el Gobierno
está aprobando leyes que implican costes
para las
comunidades autónomas sin contar con la ade-
cuada
financiación para ello.
Yo quiero leer
literalmente, para que quede constan-
cia en el
«Diario de Sesiones» de esta Cámara, lo que
dice la
proposición de acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y
Financiera, firmado por las comunidades autó-
nomas a las que
he aludido antes. Dice: Las comunida-
des autónomas
(cuyos representantes son los indicados)
solicitan que
el Consejo de Política Fiscal y Financiera